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Ser madre o padre requiere además de compromiso, tiempo y dinero. La modificación del esquema actual de licencias constituye un paso indispensable para desarrollar una política de cuidados basados en derechos y con enfoque de género. La extensión de la licencia por paternidad es un primer paso en este sentido.
Es preciso pensar en esquemas que sean sustentables en términos de financiamiento. Por lo tanto, las propuestas deben considerar alternativas graduales que eleven la duración de las licencias en distintas etapas, pero siempre priorizando los principios de equidad y coparentalidad. El objetivo último debe ser avanzar hacia cambios normativos sostenibles que amplíen los derechos de niñas, niños y sus familias y que contribuyan a disminuir las desigualdades de género.
A su vez, como estrategia política, es preciso avanzar en la identificación del costo social que tiene no avanzar con políticas de cuidado desde una perspectiva de derechos y un enfoque de género.
Niñas y niños necesitan amor, respeto y apoyo. Esto puede provenir de madres, padres, abuelas, abuelos, tías, tíos y la familia extendida. Es necesario promover cambios culturales que apunten a una mayor corresponsabilidad entre varones y mujeres dentro de las familias. Pero además, participan del cuidado de niños y niñas otras instituciones como los centros de desarrollo infantil y las escuelas, que facilitan indirectamente el cuidado y son parte de las estrategias a las que recurren las familias.
Si bien el derecho al cuidado involucra a múltiples actores y es un tema muy amplio, existen tres grandes ejes en los que resulta prioritario trabajar para avanzar hacia respuestas integrales:
Tiempo para cuidar: las licencias para las familias y no solo para las mujeres que son madres; así como también la armonización entre los horarios laborales y escolares.
Espacios e infraestructura para cuidar: la disponibilidad de escuelas y espacios de cuidado infantil, con la posibilidad de la ampliación de las jornadas escolares. El diseño y disponibilidad del transporte público también constituye parte importante de la infraestructura necesaria para el cuidado.
Dinero para el cuidado: considerando los recursos económicos con que cuentan las familias para el cuidado, a cargo de mujeres y varones.
Cada familia es distinta no solo en su conformación sino también en sus necesidades. Por eso un Sistema Integral de Cuidados debiera contemplar estas diferencias para que todas las familias tengan a disposición un menú de opciones, y puedan resolver de la mejor manera el cuidado sin importar dónde vivan o dónde se empleen las personas adultas que la integran.
En un mundo ideal o en un sistema de cuidado más justo…
Las licencias por maternidad serían acordes a las recomendaciones de organismos internacionales como la OIT; las licencias por paternidad tendrían la misma extensión; se extenderían las licencias familiares (hoy contempladas en algunos convenios colectivos de trabajo) que otorgan días de licencia ante necesidades de cuidado específicas, reconociendo así que las necesidades de cuidado van más allá de los primeros meses de vida y que no solo se refieren a los hijos e hijas.
Las licencias serían universales. Esto quiere decir que todas y todos los trabajadores tendrían acceso a las licencias sin importar la conformación familiar, el tipo de empleo o condiciones laborables, ni lugar de residencia.
Existiría una mayor (y mejor) oferta de espacios educativos y de cuidado infantil estatales, cuyos horarios además serían compatibles con la jornada laboral.
Sindicatos, empresas y lugares de empleo público impulsarían acciones que permitan a las y los trabajadores conciliar su vida laboral y familiar, como garantizar la oferta de servicios de cuidado para las personas empleadas o una ayuda económica para la contratación de estos servicios. Esto implica evitar situaciones de discriminación garantizando el acceso a los beneficios tanto a los varones como a las mujeres, e incluir a trabajadoras/es de distintas calificaciones.